En España, la incapacidad permanente es una situación legalmente reconocida que impide a una persona llevar a cabo cualquier trabajo por causa de deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. Este estatus es crucial para quienes atraviesan por situaciones de salud comprometidas que limitan su capacidad laboral, ofreciéndoles un soporte económico indispensable para su sustento.
Concepto y clasificación de la incapacidad permanente
La incapacidad permanente se define como la situación del trabajador que, tras haber estado sometido al tratamiento prescrito y una vez finalizada la fase de incapacidad temporal, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstante, es importante distinguir entre las distintas categorías de incapacidad permanente: parcial, total, absoluta y gran invalidez, cada una con sus particularidades y requisitos según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Incapacidad permanente parcial
La incapacidad permanente parcial es aquella que ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para su profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.
Incapacidad permanente total
La incapacidad permanente total es aquella que inhabilita al trabajador para la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión, permitiéndole, sin embargo, dedicarse a otra distinta.
Incapacidad permanente absoluta
Esta categoría implica que el trabajador no puede desempeñar ninguna profesión o trabajo.
Gran invalidez
La gran invalidez se concede cuando, además de encontrarse en situación de incapacidad permanente absoluta, el trabajador necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse, comer, etc.
Listado oficial de enfermedades para incapacidad permanente
Actualmente, no existe un listado cerrado ni específico de enfermedades que automáticamente otorguen el derecho a la incapacidad permanente en España. La valoración de la incapacidad depende, en gran medida, de cómo la enfermedad afecta la capacidad laboral del individuo en su contexto específico. Sin embargo, se pueden mencionar algunas patologías frecuentemente asociadas a la concesión de incapacidades permanentes, basadas en la jurisprudencia y en las tablas del baremo utilizado para la valoración de las situaciones de incapacidad.
- Enfermedades cardiovasculares severas
- Alteraciones y lesiones graves en el sistema musculoesquelético
- Enfermedades neurológicas con grave afectación funcional
- Enfermedades psiquiátricas graves
- Determinados tipos de cáncer en fase avanzada o con secuelas incapacitantes
- Enfermedades crónicas respiratorias avanzadas
- Enfermedades inmunológicas severas
Cada caso se evalúa de manera individual, considerando no solo la enfermedad en sí, sino también las limitaciones funcionales y cómo estas repercuten en la profesión del trabajador.
Proceso de valoración para la incapacidad permanente
El proceso para la determinación de la incapacidad permanente inicia tras la propuesta de los servicios médicos de la Seguridad Social o a petición del propio interesado, una vez agotado el periodo máximo de incapacidad temporal o cuando se prevea que las secuelas van a impedir la reincorporación laboral del trabajador.
Este proceso se encuentra regido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que dispone de equipos de valoración compuestos por médicos y otros especialistas quienes, mediante la aplicación de uno o más baremos de valoración, establecen el grado de incapacidad.
Criterios de valoración
La valoración se focaliza en las secuelas físicas, psicológicas o sensoriales y su impacto en la capacidad laborativa del individuo. Se tienen en cuenta múltiples factores, incluyendo la edad, la profesión, la formación y la experiencia del trabajador, así como las posibilidades reales de reconversión profesional.
Impugnación de la decisión administrativa sobre incapacidad permanente
En casos donde el trabajador o sus representantes legales no estén conformes con la decisión tomada por el INSS, existen vías de impugnación administrativa y, posteriormente, judicial.
Recursos administrativos: Se puede presentar un recurso de alzada ante el propio INSS dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.
Vía judicial: Si tras el recurso de alzada la resolución sigue siendo insatisfactoria, se puede interponer una demanda ante el juzgado de lo social dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión sobre el recurso de alzada.
Es imprescindible que estos procedimientos sean asistidos por abogados especializados en derecho laboral, dada la complejidad que puede alcanzar la materia y la necesidad de presentar alegatos y pruebas específicas que sustenten la reclamación del trabajador.
Conclusión
Establecer la conexión entre una enfermedad específica y la incapacidad permanente en España involucra un proceso meticuloso de valoración individual, donde se consideran tanto las condiciones médicas como las circunstancias personales, laborales y sociales del afectado. Aunque no se dispone de un listado exhaustivo de enfermedades que determinen la incapacidad, la jurisprudencia y los criterios evaluativos aplicados por el INSS proporcionan un marco de referencia para entender las patologías que comúnmente dan lugar a estatus de incapacidad. Ante la complejidad del proceso y los posibles escenarios de impugnación, la asesoría legal especializada constituye un recurso indispensable para salvaguardar los derechos de los trabajadores afectados.