La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, representa una piedra angular en el derecho administrativo español. Este texto legal vino a sustituir y a actualizar normativas anteriores, configurándose como la norma fundamental que rige cómo deben actuar las diferentes administraciones públicas en su relación con los ciudadanos. Su objetivo es garantizar la eficacia de la Administración y los derechos de los ciudadanos en el marco de los procedimientos administrativos.
Conceptos básicos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común
La Ley del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) estructura y sistematiza los procedimientos a través de los cuales se llevan a cabo las actividades de las administraciones públicas españolas. Establece, entre otros, los derechos y deberes de los ciudadanos y las administraciones, los términos y plazos para las diferentes actuaciones administrativas, los procedimientos de elaboración de normas, y las modalidades de notificación y publicidad de los actos administrativos.
Principios generales
La LPAC se fundamenta en una serie de principios generales destinados a garantizar el funcionamiento ágil, transparente y eficiente de la Administración. Destacan entre ellos el principio de legalidad, el de buena fe, el de proporcionalidad, el de eficacia, y el de celeridad. Estos principios se aplican tanto a la actuación administrativa como a la posición y derechos de los administrados.
Derechos de los interesados
Artículo 13 de la Ley 39/2015 detalla los derechos básicos de los interesados en un procedimiento administrativo, tales como el derecho a ser asistido en el uso de los medios electrónicos, el derecho a la buena administración, el derecho de acceso a los expedientes, entre muchos otros.
El procedimiento administrativo
Dentro de la LPAC, se establece detalladamente cómo debe ser el procedimiento administrativo. Este se concibe como una secuencia de actos en los que la Administración, respetando siempre el marco legal y los derechos de los administrados, toma decisiones que conllevan efectos jurídicos.
Fases del procedimiento administrativo
El procedimiento administrativo común se organiza en varias fases claramente delimitadas: iniciación, ordenación, instrucción y finalización.
- Iniciación: Puede iniciarse de oficio por la Administración o a solicitud del interesado. En este último caso, si la solicitud no reúne los requisitos necesarios, se concederá al interesado un plazo para subsanar la falta.
- Ordenación: Supone organizar los distintos procedimientos de manera que se garantice su eficaz tramitación.
- Instrucción: Fase en la que se realizan todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
- Finalización: Concluye con la resolución, que puede ser expresa o tácita, y contra la que cabe recurso.
Notificación de los actos administrativos
Los actos administrativos serán notificados a los interesados, debiéndose asegurar que el destinatario haya recibido efectivamente dicho acto o haya sido informado de su existencia. La Ley establece los medios a través de los cuales se realizarán estas notificaciones, destacando la notificación electrónica como la modalidad preferente para la Administración.
La administración electrónica
Una de las innovaciones más significativas que trajo consigo la LPAC fue la consolidación de la administración electrónica. Esta seña hacia un cambio de paradigma en la relación entre la Administración y los ciudadanos, promoviendo el uso de medios electrónicos para la realización de trámites administrativos.
Ventajas de la administración electrónica
Las ventajas de la administración electrónica son numerosas: facilita la realización de trámites a cualquier hora y desde cualquier lugar, agiliza los procedimientos administrativos, mejora la transparencia y permite un ahorro en costes tanto para la Administración como para los ciudadanos.
Identificación y firma electrónica
El uso de la identificación y firma electrónica garantiza la seguridad de las transacciones realizadas en el ámbito de la administración electrónica. La Ley aboga por la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y medios electrónicos utilizados por las administraciones públicas, estableciendo un marco normativo que regula el uso de estos medios de identificación.
Recursos administrativos
Los recursos administrativos representan la vía mediante la cual los interesados pueden impugnar los actos y decisiones de la Administración. La LPAC regula los tipos de recursos administrativos, así como su procedimiento y plazos para interponerlos.
Tipos de recursos administrativos
Existen principalmente tres tipos de recursos administrativos: el recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición y el recurso extraordinario de revisión. Cada uno tiene características propias y se ajusta a situaciones específicas, pero todos buscan ofrecer al administrado la oportunidad de obtener una revisión de una decisión administrativa, ya sea por parte del mismo órgano que emitió el acto o por un órgano superior.
Procedimiento y plazos para la interposición de recursos
La interposición de recursos debe respetar ciertos procedimientos y plazos establecidos por la Ley. El incumplimiento de estos requisitos puede llevar a la desestimación del recurso. Es crucial, por tanto, estar bien informado y actuar diligentemente para defender los derechos e intereses frente a decisiones administrativas que se consideren lesivas.
Este amplio panorama de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas no solo subraya su importancia como eje central de la relación entre la Administración y los ciudadanos, sino que también destaca su rol en la mejora de la eficiencia y eficacia de la Administración Pública en España. La LPAC constituye, sin duda, una herramienta fundamental para abogados y profesionales del derecho administrativo, así como para cualquier ciudadano que se relacione con las diferentes facetas de la Administración Pública.